¿Derecho a la intimidad de los famosos?

Decía el filósofo Xavier Zubiri que nuestro tiempo era la época de la “crisis de la intimidad”, aludiendo, con ello, la extraversión radical de la antigua reserva de los espacios, tanto individuales como colectivos, de lo íntimo. Una forma de alienación que amenazaba con una despersonalización generalizada y una pérdida de calidad de la autenticidad de la autonomía individual. Seguramente, nuestro gran pensador no podía calcular hasta qué grado esta afirmación suya tenía más de pronóstico que de diagnóstico, ante la ofensiva brutal que se ha producido contra la intimidad, muchos años después. A través de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y de la creación de un formidable y desmesurado mercado de la imagen y la intimidad, en los medios de comunicación, la intimidad se ha convertido en una de las mercancías más rentables. Esto ha conllevado una muy seria lesión de este derecho y una paulatina banalización de, no ya del derecho, sino de la misma intimidad, en cuanto esfera autónoma de la existencia de los ciudadanos.

Todas las formas de totalitarismo han hecho, de la destrucción y el control de la intimidad, uno de los objetivos preferenciales de su acción política. Los totalitarismos religiosos o políticos han querido, siempre, ciudadanos transparentes al poder y opacos para sí mismos. No hay ciudadanía sin la tajante separación entre la esfera pública y la esfera de la autonomía, la intimidad privada. No es casual que, en nuestros días, esta amenaza venga de la mano de los dos vectores del nuevo totalitarismo: la tecnocracia y la mercadocracia . La tecnología (ya sea de la información o la biogenética) o el mercado no admiten tener límites, y el umbral último que han superado es el del individuo y su intimidad moral y física. No hay ciudadanía ni democracia, sin el respeto escrupuloso y severo al ejercicio de este derecho.

A través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es posible controlar y conocer datos y situaciones que violan claramente el derecho a la intimidad. Las posibilidades que brinda la nueva medicina genética amplían el conocimiento de aspectos de la intimidad biológica del individuo, que pueden ser fuente de formas de discriminación y de estigmatización social.

Por otro lado, ha proliferado un nuevo mercado mediático, cuya mercancía es la intimidad de numerosas personas (pertenezcan o no a colectivos profesionales cercanos al mundo del espectáculo). Esta mercantilización de la intimidad se realiza, en muchas ocasiones, sin o contra la voluntad de las personas afectadas (o de sus familiares, amigos o conocidos, en muchos casos menores de edad) y sometiéndolas a una degradante y reiterada difamación pública, éticamente deplorable.

Frente a esta ofensiva tecnológica, mercantil y mediática, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, los instrumentos jurídicos existentes se han mostrado claramente insuficientes, aunque la Constitución Española reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el artículo 18 de la misma. Esto ha dado lugar a una actitud judicial de permisividad escandalosa, ante la continua y sistemática violación del derecho.

Es necesario, por tanto, abordar la nueva situación, con un importante reforzamiento normativo y político de la protección efectiva de este derecho, con una nueva legislación integral que sea sensible a las nuevas amenazas tecnológicas y al aparentemente irresistible impulso a la mercantilización. Para ello, sería conveniente unificar, en una sola norma integral, la legislación de protección, - tanto la civil, administrativa y penal -. Entre los aspectos fundamentales que debe contemplar la nueva legislación, está una nueva redefinición del concepto de intimidad, más amplia y de carácter integral, que contemple las nuevas formas de lesión y violación del derecho. Al mismo tiempo, debe producirse un endurecimiento del sistema de sanciones y la adecuación de la sanción económica al beneficio obtenido - o que se espera obtener -, como resultado perseguido por la violación del derecho a la intimidad.

Ley de matrimonio homosexual en España

“IV. NUEVOS DERECHOS PARA UNA SOCIEDAD EN CAMBIO.
Hoy en día, todavía hay una parte importante de la ciudadanía que sigue sin tener reconocidos sus derechos. En esta nueva etapa, el PSOE y Los Verdes queremos afrontar nuevos retos que supongan un impulso a la democracia y un avance en los derechos civiles.
15- La orientación sexual sigue siendo motivo de discriminación. Apostamos por la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays, y por ello, nos comprometemos a modificar el Código Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva.”

Los párrafos anteriores forman parte del programa conjunto que el PSOE Y Los Verdes firmamos, en las elecciones legislativas del 2004. Por tanto, la ley de matrimonio homosexual fue una incorporación de Los Verdes al programa del Gobierno Socialista. La ley estaba, originariamente, inspirada en el pleno reconocimiento de los derechos civiles de gays y lesbianas. Dentro de este reconocimiento se ubica la regulación de contrato de matrimonio, entre personas del mismo sexo, con iguales derechos que las parejas heterosexuales.
La derecha (Partido Popular y algunos nacionalistas vascos y catalanes) se mostró favorable, como mal menor e inevitable, al reconocimiento legal de las parejas homosexuales como parejas de hecho, con una cierta equiparación legal entre estas y las parejas heterosexuales que contraen matrimonio. La oposición, fuertemente inspirada e impulsada por la Iglesia Católica, se centró en la naturaleza de la institución matrimonial y en la capacidad legal de las parejas homosexuales de adopción de niños y niñas.

A simple vista, existía una llamativa discordancia entre la virulencia intensidad de la oposición religiosa y conservadora y la aparente naturaleza menor de la discrepancia. ¿Por qué tanto conflicto, sólo por el uso del nombre “matrimonio”? ¿Qué sentido tenía oponerse a la adopción, por parte de parejas homosexuales, cuando ya en la actualidad persona solteras o que conviven con otras del mismo sexo, pueden adoptar, sin ningún problema u obstáculo legal? También se podría preguntar, dándole la vuelta al cuestionario, por qué el Gobierno y la izquierda se empecinaban en mantener el término “matrimonio” y, con ello impedir, el consenso parlamentario.

Podríamos, pues, deducir que la polémica en torno al “matrimonio homosexual” era una polémica superflua, tanto por parte de los que se oponían como de los que defendíamos esta denominación. Pero nada más lejos de la realidad. La polémica sobre el término “matrimonio homosexual” no es un debate sobre “el sexo de los ángeles”. Pues, incluso el “debate sobre el sexo de los ángeles“, en el imperio oriental bizantino, no fue baladí, ya que supuso la introducción de la cuestión del género sexual, en las distintas formas de existencia. Del mismo modo, el debate sobre el “matrimonio sexual”, esconde también la cuestión sexual como signo de discriminación y desigualdad.

Al evitar el uso del término “matrimonio“, para las parejas de gays o lesbianas, se pretendía marcar, de forma sutil y con una técnica legislativa tan habilidosa como poco transparente, un signo de diferenciación, por parte del legislador, que puede ser usado e interpretado, en el futuro, como un instrumento de discriminación para los homosexuales. ¿Pues, si la ley de parejas homosexuales iguala en todo a las parejas heterosexuales con las homosexuales, por qué se denominan de forma distinta? ¿ No es posible interpretar, en virtud del principio hermenéutico de “economía del legislador (nada en la ley es superfluo, retórico o redundante), que tal distinción debe ser significativa? Las consecuencias jurídicas y materiales de esta sutil distinción podrían ser muy graves y acabar anulando o dañando mucho los derechos de gays y lesbianas, que la ley de matrimonio homosexual protege.

Esta sola posibilidad justifica la posición de unos y de otros, en el debate sobre si llamar o no, al contrato entre dos homosexuales, contrato matrimonial. Pero no se agotan aquí las implicaciones de este debate. Existe también una dimensión simbólica muy importante. Para la Iglesia, el matrimonio es un sacramento, al mismo nivel que el sacerdocio o que el bautismo. Es una institución de Derecho natural, que se pretende natural (biológica) y sagrada (instaurada, por medio de la ley natural, por Dios). De hecho, para la Iglesia Católica no hay más matrimonio que el canónico y, todo lo demás, el matrimonio civil, son formas de “concubinato”. La oposición católica al matrimonio civil, a principios del siglo XX, fue muy parecida y con similares argumentos a los desplegados contra el matrimonio homosexual en la actualidad.

Por el contrario, los activitas homosexuales y los defensores de los derechos civiles son partidarios del uso del término “matrimonio”, por el efecto de empoderamiento para los homosexuales y por la desacralización de la institución matrimonial que esto supone. De esta forma se refuerza la igualad, la libertad y la autonomía de los individuos sobre la losa clerical y pseudobiologicista de la institución matrimonial heterosexual.

Pero existe un motivo aún más relevante que el jurídico o el simbólico ya reseñados, por el cual la denominación no es superflua. Ese motivo es que la ampliación del concepto de matrimonio a toda unión libre y voluntaria entre individuos autónomos significa redefinir la institución más importante, de forma igualitaria, secular y democrática, en las condiciones sociales de reproducción: la familia. El matrimonio homosexual es un golpe mortal contra la “sagrada familia”. Es decir, contra la familia patriarcal y autoritaria. El matrimonio homosexual democratiza la familia de forma radical. A la Iglesia Católica, institución profundamente patriarcal y autoritaria, le preocupan profundamente las avenidas de libertad y derechos que esta reforma legal abre. El poder de la Iglesia, incluso en situaciones de Estados teocráticos, ha sido siempre del tipo que M. Foucault denominó “poder pastoral”. Un poder que gestiona y controla sigilosamente emociones, afectos, parentescos. En la familia se concentra la
producción de esos controles; la trasformación democrática de ese poder es un disparo contra el corazón del autoritarismo clerical.

Por eso los homosexuales encarnan, en esta lucha, una figura universal de reconocimiento de los derechos. Con ellos y ellas ganamos todos y todas aquellos que son y han sido víctimas de la familia patriarcal. Gana la democracia. Un cambio en las relaciones sociales de reproducción social, por medio de la institución familiar, tendrá repercusiones que hoy todavía no podemos percibir en toda sus dimensiones.

Es esta relación entre matrimonio y familia la razón profunda de que todos los autoritarios y patriarcales, que en el mundo existen, se opongan con tanta virulencia a la ley de matrimonios homosexuales. Lastima que la izquierda de toda la vida no haya entendido el calado de esta transformación y sus consecuencias materiales.

Francisco Garrido

Portavoz y diputado de Los Verdes

(Carta para acto por el matrimonio homosexual en Italia)

Derecho a una Vivienda Digna

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Art. 47 de la Constitución Española de 1978.

Así se indica en la Constitución, sin embargo, cada día estamos más lejos de lograr este objetivo: ya que los precios de la vivienda han subido desorbitadamente, frente a los salarios, en todo el territorio nacional. Entre 1987 y 2005 los precios de la vivienda se han incrementado más de un 250%, mientras que los salarios apenas se han incrementado por encima del IPC.

Así, el acceso a la vivienda por parte de ciertos sectores de la población se ha convertido en algo prácticamente imposible con esfuerzos medios de compra que, en el caso de los jóvenes, involucran en algunas comunidades cerca del 90% del salario de un joven y del 60% en el caso de una pareja joven, lo que, unido a los también altísimos precios del alquiler, se traduce en una bajísima tasa de emancipación a nivel nacional del 40% y en unos niveles preocupantes de endeudamiento familiar para aquellos que sí han conseguido emanciparse.

Enlace de interés: www.viviendadigna.org

[DENUNCIA AQUÍ TU EXPERIENCIA]

Legalización de la Prostitución

El Congreso recomienda que no se regularice la prostitución en España

Es contrario a varios artículos de la Constitución y entra en colisión con los derechos laborales, según el Informe final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer

ELPAIS.com - Madrid - 20/02/2007

El Congreso de los Diputados recomienda que no se regularice la prostitución en España, según el borrador del dictamen final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que ha estudiado de forma específica este asunto. Ese informe final, al que ha tenido acceso la Cadena SER, propone reforzar las medidas contra las mafias y reclama a los periódicos que supriman los anuncios de contactos. A las 11.00 horas se reúne esta comisión, creada tras la polémica que suscitó la iniciativa del Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) de regular la prostitución voluntaria, para estudiar una solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia.

Una de las principales conclusiones del informe final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer es que regular la prostitución como un trabajo tiene graves problemas de encaje jurídico, ya que es contrario a los artículos 9 y 14 de la Constitución y entra en colisión con los derechos laborales. El artículo 9 alude a la responsabilidad de los poderes públicos de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

El 14 hace referencia a la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda "prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". El documento, según informa la SER, destaca además que en los países que la regularizaron ha aumentado la actividad de la prostitución y el tráfico de mujeres.

Sin anuncios de contactos

El documento pide destinar más recursos a la atención, protección e inserción social de las mujeres traficadas y recomienda realizar campañas dirigidas a los hombres para reducir la demanda. También recomienda solicitar a los medios de comunicación que se planteen la renuncia a la publicidad del comercio sexual y a los anuncios de contactos.

Los trabajos de la comisión arrancaron en mayo del año pasado y, en estos meses, unos 80 expertos propuestos por los distintos grupos han comparecido ante los diputados. En un principio, el compromiso era intentar culminar el trabajo en este periodo de sesiones (a finales de junio o en julio) y emitir propuestas al Gobierno. Los grupos parlamentarios han mostrado en la ponencia distintas posturas. El socialista, al igual que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, maneja esta premisa: antes de decidir sobre una eventual modificación legislativa [ahora se permite el ejercicio de la prostitución a mayores de edad y se persiguen el tráfico y el proxenetismo], hay que combatir el creciente tráfico de personas para su explotación sexual.

El Ministerio del Interior trabaja en un plan específico desde hace meses. Según la ONU, España figura entre los grandes destinos de los traficantes de personas con fines de explotación sexual. El PP rechaza que se reglamente la prostitución y pide más lucha contra el tráfico. En cambio, IU-ICV defiende que se regule, siempre que sea voluntaria y quiere que el debate se centre en esa práctica, algo que se presenta difícil. CiU está en contra de la reglamentación y de que se considere un trabajo. Las posturas de las comunidades difieren. Así, el Parlamento de Cataluña apuesta por un sistema que regula la prostitución como el de Holanda o Alemania. En un anteproyecto de ley, propone que se pueda ejercer desde los 21 años y que las trabajadoras sexuales autogestionen sus burdeles.

Argumentos por las libertades del cuerpo

Francisco Garrido
Portavoz y diputado de Los Verdes

El Gobierno español dice NO a la propuesta de la legalización de la prostitución y de los servicios sexuales. ¿Por qué? Según el Gobierno, se trata de una “práctica intrínsicamente degradante”. En el mismo momento que trato de escribir este comentario, encuentro que la palabra prostitución no existe en el diccionario de mi programa (Word Microsoft). Sigo buscando y tampoco encuentro ramera o puta. ¿No existen esas palabras en el castellano? ¿No son de uso común? ¿No están, incluso, en alguno de los diccionarios? Micrososft ha decido que en España no hay putas, ni rameras, ni prostitutas. ¿Será que Mocrosoft piensa, también, que “es una práctica intrínsecamente degradante”. Total, que el Gobierno Socialista, Microsoft y la Razinger piensan igual de la prostitución. Por cierto, que la Iglesia no reserva eso de la “práctica intrínsecamente degradante” a la prostitución, sino que la extiende a la homosexualidad, al sexo fuera del matrimonio (Católico, porque el civil es puro concubinato) o aún dentro del mismo, cuando el sexo se realiza con fines extrínsecamente reproductivos y, por tanto, exclusivamente libidinosos (es decir, que busca sólo el placer).

La actitud parece ser la misma (la de Microsoft y el Gobierno): como es degradante, se borra del diccionario o de la regulación. No existe. Pero el comercio de servicios sexuales existe. En muchas ocasiones, de manera involuntaria, violenta y abusiva. Pero, en otras ocasiones, de forma voluntaria. Negar esta evidencia es estúpido y favorece la explotación, la violencia hacia las mujeres y hombres que practican el comercio sexual. A nadie interesa más la prostitución ilegal que a los proxenetas y a todos aquellos que viven de explotar aquellas personas que ejercen la prostitución.

Bueno, me olvidaba de la postura de la Iglesia… siempre tan amiga de los derechos de las mujeres y de las libertades…

¿Qué hacemos, entonces? ¿Perseguir cada acto sexual, mediado por intereses económicos o transacción comercial, porque, si no lo perseguimos, se producen esas relaciones tan denostadas - y aunque se persigan también -, sin garantías, ni regulación, ni control sanitario, ni derechos...? Pero ¿a dónde irá a denunciar aquella persona que se considere estafada, explotada o vulnerada, en sus derechos laborales?Abalicemos los argumentos que se expresan contra la legalización y que, a mi juicio, encubren argumentos morales - respetables, en el ámbito privado de las creencias y las conductas individuales, pero inaceptable en su extrapolación al ámbito de la ética pública o del derecho-. Para ello, miraremos críticamente las diez razones, para no legalizar la prostitución, que da la Fundación Mujeres y edita el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

1. “La legalización es un regalo para los proxenetas”.

Primero, habría que aclarar qué significa “proxeneta”. Pero, si se entiende por tal a aquel que obliga y explota a una mujer, en el ejercicio del comercio sexual, entonces la legalización no es ningún regalo, porque ésta prohíbe la práctica del proxeneta y hace que la persecución sea más eficaz. Pero es más: desde el punto de vista del interés económico, la legalización restringe la posibilidad de beneficios, al someterlo a la legislación laboral y a control e imposición fiscal. ¿Dónde está el beneficio económico? Ya les gustaría, a muchos empresarios, tener el régimen laboral desregulado de la prostitución. En todo caso, si encuestáramos a esos proxenetas, no creo que estuvieran muy de acuerdo con la legalización.

2. “La legalización promueve el tráfico sexual”.

Esto es empíricamente indemostrable y ética y jurídicamente irrelevante, si “por tráfico sexual” debemos entender actividad sexual mercantil voluntaria y legal. Nuestro país es el mejor ejemplo de cómo, en la actualidad, no deja de crecer ese tráfico, pero dañando derechos y libertades de las personas que participan en él.

3. “La legalización no supone un control de la industria del sexo”.

Un control completo, claro que no. Al igual que la regularización de los trabajadores emigrantes tampoco implica el control total de la emigración clandestina o ilegal. Ahora bien, no cabe la menor duda de que el control es mucho mayor en una situación legalizada. Si el control es un valor, la legalización es la forma más eficaz de maximizar ese valor. Mucho más, por supuesto, que la ilegalización o la tolerancia.

4. “La legalización aumenta la prostitución ilegal y en la calle”.

Rotundamente falso. Ahora toda la prostitución es ilegal y no hay instrumento alguno para luchar contra ella y contra el uso de la calle. Por tanto, por muy bajo que fuera el porcentaje que entrara dentro del cupo legal, sería mayor que en la actualidad, donde el cien por cien de la prostitución es ilegal.

5. “La legalización promueve la prostitución infantil”

¿Por qué? ¿Acaso la regularización del trabajo promueve el trabajo infantil también? ¿Es que, ahora, no hay riesgo altísimo de prostitución infantil? ¿Cómo deteriora los instrumentos jurídicos de lucha contra la prostitución infantil, la legalización? ¿No es exactamente lo contrario: que la legalización dota de más instrumentos para luchar contra esta forma aberrante de prostitución, al regular y aumentar el control del sector?

6. “La legalización no protege a las mujeres prostitutas".

¿Y la prohibición las protege más? La legalización es la única forma de proteger los derechos de estas trabajadoras del sexo, pues regula y reconoce derechos.

7. “La legalización aumenta la demanda de la prostitución".

Desde el punto de vista económico, en ningún mercado rígido o de baja elasticidad, como es el del comercio sexual, no hay relación directa significativa entre la legalización y el aumento de la demanda. En todo caso, de darse algún cambio previsible, es el de disminución de la demanda, por aumento de los costes finales del servicio sexual derivado de la repercusión en el precio final de los nuevos costes derivados de la fiscalidad. Pero, de todos modos, el aumento de la demanda de servicios sexuales voluntarios y regulados no debe plantear ningún problema a la ética pública o al derecho. Sólo es un problema para las conciencias individuales, para a las que sus creencias morales les repugna tal práctica. Esas conciencias escrupulosas lo que deben hacer es abstenerse de practicar tan degradante actividad. Pero no imponer a los demás sus respetables preceptos privados.

8. “La prostitución no protege la salud de la mujeres".

¿Y la ilegalización y descontrol actual sí? La única manera de controlar y proteger la salud de las mujeres y de los hombres, la salud pública, es con la legalización, como en cualquier otra faceta de la actividad laboral.


9. “La legalización no aumenta las posibilidades de elección de las mujeres”.

Si en la situación actual de ilegalidad y no regulación la extorsión y la coacción alcanza su grado más alto, es imposible que con la legalización no aumente la capacidad de elección. Si esto es cierto para cualquier relación social sensible y vulnerable (laborales, matrimoniales, administrativas), por qué no ha de ser válido, también, para el comercio sexual. La legalización es el único marco que posibilita cierto margen de elección a las mujeres y hombres que practican la prostitución. Y digo cierto por que, en una sociedad muy desigual e injusta, el trabajo asalariado, costoso y heterónomo es sólo muy relativamente libre. Pero esto es aplicable a múltiples formas de trabajo asalariado e, incluso, a instituciones como el matrimonio. ¿Qué institución hay más esclavizante, para la mujer, que la matrimonial? ¿Justificaría, por ello, su no legalización, desde perspectivas igualitarias y democráticas?

10. “La legalización de la prostitución no eliminan la explotación”.

El concepto de “explotación” tiene definiciones muy diversas. Una de ellas es la clásica marxista, que asocia explotación a toda forma de trabajo asalariado, basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la dominación del capital sobre el trabajo, por medio de la obtención de plusvalías del trabajo. Desde esta perspectiva, no hay duda que la legalización no acaba con la explotación, pero nos da más y mejores instrumentos para luchar contra ésta. ¿Hay algo con mayor riesgo de explotación que la actual situación de ilegalidad y desregulación de la prostitución? ¿No implica, la legalización, reducir, drásticamente, el riesgo de situaciones de explotación en la prostitución?


Hay otras razones que están, en gran medida, detrás de las razones aducidas por la Fundación Mujeres. Estas razones suponen que no es aceptable, moralmente, que determinado tipo de reacciones humanas sean mercantilizadas, dado que afectan a la intimidad. Esta es una posición respetable, que podemos compartir en cierta medida. Pero la objeción a esa extensión corrosiva de las relaciones mercantiles no es mayor en el caso del sexo que en el caso del arte, de la ciencia, de los relaciones familiares, de la sanidad o de la educación. Hay muchas relaciones y servicios sociales e individuales que deberían estar fuera del reino de la mercancía, pero eso no podemos aplicarlo sólo al sexo y por encima de la autonomía del sujeto individual, que decide qué debe o no hacer con su propio cuerpo. Negar el derecho de una mujer o un hombre a prostituirse es como negar su derecho a la autonomía individual. Ya sé, ya sé... Me dirán que la elección no es libre ni voluntaria. Pues de eso se trata con la legalización, que sólo sea legal la prostitución voluntaria y regulada, con límites y derechos.

¿O hay alguien que crea, sinceramente, que el ejercicio de la prostitución será más libre y voluntario si es ilegal y desregulado?Ninguna de estas razones representa alternativa alguna a las situaciones de explotación, violencia y dominación que se dan en la actualidad de la prostitución, en España. La legalización, por el contrario, maximiza valores como el control, la regularización, la libre elección de las prostitutas o el cuidado de la salud pública. Valores que están muy dañados por la actual situación de ilegalidad.¿Cuál es, pues, la alternativa a la legalización? El abolicionismo. ¿Pero es correcto el uso de esta expresión? No. Se trata de un uso falaz y engañoso que plantea la trampa, semántica, por simplificadora, de hacer parecer la prostitución como una institución jurídica que puede ser jurídicamente abolida, por la vía de la ilegalización (o, lo que es lo mismo, por medio de una decisión normativa). Sólo se puede abolir algo que está instituido legalmente, como la “esclavitud” - que era una institución jurídica - o la “pena de muerte” o las “prisiones”. Pero no se puede abolir el robo, ni el homicidio, ni el engaño, ni la infamia, ni la agresividad. Y, por poner ejemplos positivos, tampoco se puede abolir la creatividad, la expresión….

Por tanto, la auténtica alternativa no es la abolición, ya que no es posible eliminar la prostitución por una decisión legal, con la ilegalización o la tolerancia hipócrita, tal como se practica en la actualidad.¿Y, si detrás de toda esta parafernalia abolicionista, se esconde el miedo a que los individuos (y especialmente las mujeres) puedan decidir, incluso decidir el "mal moral"? ¿Y si bajo el abolicionismo emerge, de nuevo, el fantasma monstruoso del patriarcado, disfrazado, esta vez, de “paternalismo seudofeminista”? No es el mismo miedo que niega la eutanasia, la legalización de las drogas, la homosexualidad o el transexualismo: “una práctica intrínsecamente degradante” ¿El “paternalismo seudofeminista” no piensa, como las doctrinas religiosas patriarcales y falocéntricas, que las mujeres son, esencialmente, corporalidad cosificada en la genitalidad? Y que, por tanto, la venta de las relaciones sexuales afecta a la venta de su propia esencia. Esto convierte todo contrato de prostitución en una forma de esclavitud. Pues la esclavitud no es la venta de algo, sino de alguien: “una práctica intrínsecamente degradante”.


Pero, en realidad, sin manipulaciones moralistas, la prostitución es vender algo y no alguien. Y es que es importante diferenciar entre Esclavitud y Prostitución, cuando hablamos del tema. Quien es directamente obligado es esclavo, no prostituto/a.¿Pero no es el capitalismo, la emigración forzada, la desigualdad, la crisis ecológica creciente lo que sí es “intrínsecamente degradante” y que convierte cualquier relación social que toca en figuras del dolor y alineación? Como ecologista, garantista y republicano tengo que oponer a las fuerzas ciegas del interés y el beneficio privado, del mercado-capital y la mercancía la fuerza democrática e igualitaria del Derecho, que no nos garantiza el éxito en la lucha contra la dominación, la explotación, el sufrimiento, pero nos dota de instrumentos eficaces y dignos para luchar permanentemente contra ellos.Hay, por último, una especie de variante colectiva del viejo argumento ad hominen (versión actualizada del no menos viejo argumento de autoridad) que dice que no se debe legalizar la prostitución, porque se opone al movimiento feminista.

Hemos de rechazar todo argumento de autoridad, pues es un argumento invalido, dada su nihilidad argumentativa. Pero, en este caso, hay algunas matizaciones más que hacer. En primer lugar, es radicalmente falso que la totalidad del movimiento feminista se oponga a la legalización. En este tema, existe una división importante, ya que hay feministas que opinan de un modo y de otro. Por el contrario, en el bloque antifeminista y patriarcal (las organizaciones religiosas, con la Iglesia Católica al frente, la derecha), sí que existe unanimidad contra la legalización de la prostitución ¿Por qué? Pues porque se oponen a la autodeterminación de los seres humanos y, especialmente, si esos seres humanos son mujeres. Si el movimiento feminista persigue - como ciertamente así es - la autodeterminación de las mujeres y de todos los individuos en general, no hay motivos fundamentales de oposición a la legalización de la prostitución.

Derecho a la Eutanasia

El Gobierno respondió al diputado y Portavoz de Los Verdes, en septiembre de 2004, que “el Ministerio de Sanidad y Consumo no está promoviendo ninguna iniciativa legislativa, para logra el reconocimiento jurídico pleno a una muerte digna”, a la eutanasia, contestando a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado.

En mayo de 2005, el debate de la eutanasia se reabrió - después del caso de Ramón Sampedro en 1998 -, con la muerte de Jorge León, pentapléjico que había manifestado, en reiteradas ocasiones, su deseo de morir.

El Portavoz de Los Verdes, recordó en ese momento, ante la prensa, la “necesidad de regular el derecho a una muerte digna, como expresión del derecho a la autonomía individual y de la evitación de sufrimientos insoportables e inútiles". Tras poner de manifiesto que "cada cierto tiempo surge a la opinión pública casos de personas que demandan una muerte digna y que una legislación autoritaria, paternalista y cruel les impide", Garrido defendió que "el derecho a la autonomía individual pasa por el innegable derecho a la propia muerte, máxime en condiciones en las que la propia vida deja de ser digna de ser vivida a juicio de la persona".

Web de interés: http://www.eutanasia.ws/

¿Aún crees que el Cambio Climático es un cuento?

El informe presentado en Londres, el pasado 30 de octubre de 2006, por el Gobierno británico, sobre las repercusiones económicas de este fenómeno - informe encargado al economista Nicholas Stern - insta a los gobiernos de todo el mundo a fijar un precio a las emisiones de CO2, mediante impuestos, el comercio o la regulación.

Dicho informe reconoce que el cambio climático supone una de las amenazas más importantes para el crecimiento económico de los países desarrollados y, en general, para el proceso de globalización. Por este motivo, la relevancia política que el Gobierno británico le está dando a este tema contrasta con el trato que recibe en España, donde el cambio climático, se queja el Portavoz y diputado de Los Verdes, Francisco Garrido, “sólo es un asunto del Ministerio de Medio Ambiente; los otros ministerios (como el de Agricultura o Industria, por ejemplo) no lo incorporan; hacen como si el problema no existiera”.

España será uno de los países más afectados por el cambio climático, por las relaciones directas del 40% del PIB con los recursos naturales y el clima. Sufrirá el aumento de las temperaturas, la extremización de los fenómenos atmosféricos, la disminución del aporte de agua, el aumento del nivel del mar – que afecta a las playas y poblaciones costeras – y el acortamiento de los periodos de transición climática – que afectará a la agricultura-. Además, de los costes en pérdida de biodiversidad, de ecosistemas, de salud – por las oleadas de calor – y de turismo.

España es el país que peor está en el cumplimiento de Kyoto (con un 55% de emisiones de gases de efecto invernadero). Según está previsto en el protocolo, deberíamos estar en un 15% y, si seguimos a este ritmo, estaremos en el 77% de emisiones de GEI, en 2010 .

Apoyo al Gobierno en la búsqueda de una solución pacífica al terrorismo

Los Verdes anunció que no renuncia a encontrar "una solución pacífica que acabe definitivamente con el terrorismo", y en este sentido avanzó que sus dos diputados en el Congreso, Joan Oms y Francisco Garrido, apoyarán las iniciativas que el Gobierno español presente en este sentido.

Francisco Garrido, expresó su "condena más rotunda ante este criminal atentado de ETA" en el aeropuerto de Barajas y "ante cualquier estrategia política basada en la violencia y el terror". Para Garrido, "ETA se equivoca si cree que aumentado el sufrimiento y el terror va a imponer una salida unilateral y antidemocrática al conflicto vasco", y advirtió de que "sólo el cese completo y definitivo de la violencia puede abrir nuevos escenarios políticos". Expresó el apoyo de Los Verdes al Gobierno y a las decisiones adoptadas por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero de romper todo diálogo con ETA, en coherencia con la resolución aprobada por el parlamento español. Asimismo, lamentó y rechazó las declaraciones de Batasuna "incapaces de mostrar las mas mínima autonomía política ante ETA", apuntó.

También mostró su rechazo a la actitud del Partido Popular y de "la extrema derecha que gobierna la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que nunca han hecho nada porque el proceso de paz llegue a buen puerto y ahora tratan de aprovechar oportunista y políticamente la violencia terrorista". Garrido afirmó que "dentro de nuestros valores no-violentos, no hay camino para la paz, sino que la paz es el único camino", y en línea con estos valores anunció que, desde Los Verdes "no renunciamos a seguir apoyando una solución pacífica que acabe definitivamente con el terrorismo y la violencia política en el Estado español".