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Ley de matrimonio homosexual en España

“IV. NUEVOS DERECHOS PARA UNA SOCIEDAD EN CAMBIO.
Hoy en día, todavía hay una parte importante de la ciudadanía que sigue sin tener reconocidos sus derechos. En esta nueva etapa, el PSOE y Los Verdes queremos afrontar nuevos retos que supongan un impulso a la democracia y un avance en los derechos civiles.
15- La orientación sexual sigue siendo motivo de discriminación. Apostamos por la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays, y por ello, nos comprometemos a modificar el Código Civil a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva.”

Los párrafos anteriores forman parte del programa conjunto que el PSOE Y Los Verdes firmamos, en las elecciones legislativas del 2004. Por tanto, la ley de matrimonio homosexual fue una incorporación de Los Verdes al programa del Gobierno Socialista. La ley estaba, originariamente, inspirada en el pleno reconocimiento de los derechos civiles de gays y lesbianas. Dentro de este reconocimiento se ubica la regulación de contrato de matrimonio, entre personas del mismo sexo, con iguales derechos que las parejas heterosexuales.
La derecha (Partido Popular y algunos nacionalistas vascos y catalanes) se mostró favorable, como mal menor e inevitable, al reconocimiento legal de las parejas homosexuales como parejas de hecho, con una cierta equiparación legal entre estas y las parejas heterosexuales que contraen matrimonio. La oposición, fuertemente inspirada e impulsada por la Iglesia Católica, se centró en la naturaleza de la institución matrimonial y en la capacidad legal de las parejas homosexuales de adopción de niños y niñas.

A simple vista, existía una llamativa discordancia entre la virulencia intensidad de la oposición religiosa y conservadora y la aparente naturaleza menor de la discrepancia. ¿Por qué tanto conflicto, sólo por el uso del nombre “matrimonio”? ¿Qué sentido tenía oponerse a la adopción, por parte de parejas homosexuales, cuando ya en la actualidad persona solteras o que conviven con otras del mismo sexo, pueden adoptar, sin ningún problema u obstáculo legal? También se podría preguntar, dándole la vuelta al cuestionario, por qué el Gobierno y la izquierda se empecinaban en mantener el término “matrimonio” y, con ello impedir, el consenso parlamentario.

Podríamos, pues, deducir que la polémica en torno al “matrimonio homosexual” era una polémica superflua, tanto por parte de los que se oponían como de los que defendíamos esta denominación. Pero nada más lejos de la realidad. La polémica sobre el término “matrimonio homosexual” no es un debate sobre “el sexo de los ángeles”. Pues, incluso el “debate sobre el sexo de los ángeles“, en el imperio oriental bizantino, no fue baladí, ya que supuso la introducción de la cuestión del género sexual, en las distintas formas de existencia. Del mismo modo, el debate sobre el “matrimonio sexual”, esconde también la cuestión sexual como signo de discriminación y desigualdad.

Al evitar el uso del término “matrimonio“, para las parejas de gays o lesbianas, se pretendía marcar, de forma sutil y con una técnica legislativa tan habilidosa como poco transparente, un signo de diferenciación, por parte del legislador, que puede ser usado e interpretado, en el futuro, como un instrumento de discriminación para los homosexuales. ¿Pues, si la ley de parejas homosexuales iguala en todo a las parejas heterosexuales con las homosexuales, por qué se denominan de forma distinta? ¿ No es posible interpretar, en virtud del principio hermenéutico de “economía del legislador (nada en la ley es superfluo, retórico o redundante), que tal distinción debe ser significativa? Las consecuencias jurídicas y materiales de esta sutil distinción podrían ser muy graves y acabar anulando o dañando mucho los derechos de gays y lesbianas, que la ley de matrimonio homosexual protege.

Esta sola posibilidad justifica la posición de unos y de otros, en el debate sobre si llamar o no, al contrato entre dos homosexuales, contrato matrimonial. Pero no se agotan aquí las implicaciones de este debate. Existe también una dimensión simbólica muy importante. Para la Iglesia, el matrimonio es un sacramento, al mismo nivel que el sacerdocio o que el bautismo. Es una institución de Derecho natural, que se pretende natural (biológica) y sagrada (instaurada, por medio de la ley natural, por Dios). De hecho, para la Iglesia Católica no hay más matrimonio que el canónico y, todo lo demás, el matrimonio civil, son formas de “concubinato”. La oposición católica al matrimonio civil, a principios del siglo XX, fue muy parecida y con similares argumentos a los desplegados contra el matrimonio homosexual en la actualidad.

Por el contrario, los activitas homosexuales y los defensores de los derechos civiles son partidarios del uso del término “matrimonio”, por el efecto de empoderamiento para los homosexuales y por la desacralización de la institución matrimonial que esto supone. De esta forma se refuerza la igualad, la libertad y la autonomía de los individuos sobre la losa clerical y pseudobiologicista de la institución matrimonial heterosexual.

Pero existe un motivo aún más relevante que el jurídico o el simbólico ya reseñados, por el cual la denominación no es superflua. Ese motivo es que la ampliación del concepto de matrimonio a toda unión libre y voluntaria entre individuos autónomos significa redefinir la institución más importante, de forma igualitaria, secular y democrática, en las condiciones sociales de reproducción: la familia. El matrimonio homosexual es un golpe mortal contra la “sagrada familia”. Es decir, contra la familia patriarcal y autoritaria. El matrimonio homosexual democratiza la familia de forma radical. A la Iglesia Católica, institución profundamente patriarcal y autoritaria, le preocupan profundamente las avenidas de libertad y derechos que esta reforma legal abre. El poder de la Iglesia, incluso en situaciones de Estados teocráticos, ha sido siempre del tipo que M. Foucault denominó “poder pastoral”. Un poder que gestiona y controla sigilosamente emociones, afectos, parentescos. En la familia se concentra la
producción de esos controles; la trasformación democrática de ese poder es un disparo contra el corazón del autoritarismo clerical.

Por eso los homosexuales encarnan, en esta lucha, una figura universal de reconocimiento de los derechos. Con ellos y ellas ganamos todos y todas aquellos que son y han sido víctimas de la familia patriarcal. Gana la democracia. Un cambio en las relaciones sociales de reproducción social, por medio de la institución familiar, tendrá repercusiones que hoy todavía no podemos percibir en toda sus dimensiones.

Es esta relación entre matrimonio y familia la razón profunda de que todos los autoritarios y patriarcales, que en el mundo existen, se opongan con tanta virulencia a la ley de matrimonios homosexuales. Lastima que la izquierda de toda la vida no haya entendido el calado de esta transformación y sus consecuencias materiales.

Francisco Garrido
Portavoz y diputado de Los Verdes
(Carta para acto por el matrimonio homosexual en Italia)

4 comentarios:

Anónimo dijo...

La discriminación de una persona por su estado atenta a la Constitución, ya sea soltera o casada. ¿Por qué en algunos aspectos se penaliza a una persona que ha optado por permanecer sola? ¿Por qué motivo tienen que pagar más impuestos? La sociedad está cambiando y en su día podría tener sentido, ya que la mujer no trabajaba y era otra boca que alimentar, al igual que los hijos. Pero ahora ya no es así. La mujer se ha incorporado sin más remedio al sistema productivo y en un hogar entran dos sueldos. ¿Por qué se sigue beneficiando a los matrimonios en detrimento de los solteros? Un sueldo es menor que dos. Para algunos no está tan clara la diferencia. Habría que permitir otros tipos de uniones, mientras exista la libertad de decisión de cada cuál que participe, y con los mismos derechos que el matrimonio arcaico. Gracias.

Anónimo dijo...

Hoy aparece en los más importantes periódicos nacionales de España una noticia relacionada con la situación de las minorías sexuales en África. En concreto, se recogen las palabras de Musebeni,presidente de Uganda, negando la existencia de homosexuales en su país (como hace poco hizo el presidente de Irán durante su viaje a Nueva York), y también de Mugabe,presidente de Zimbabue, catalogando a los homosexuales como animales inferiores al cerdo.

En la página web de noticias http://www.afrol.com se indica que la homosexualidad masculina es ilegal en 29 países africanos y el lesbianismo en 20 países del citado continente. La criminalización de las personas por su orientación sexual y/o por actos homosexuales es el factor común a la mayoría de los estados africanos, aunque la normativa que condena la homosexualidad es heterogénea y puede incluir la prohibición de manifestaciones, la ausencia de derechos para la comunidad GLBT, la persecución, el encarcelamiento, la ejecución,etc.

El caso que más se aparta de la situación general de África es Suráfrica, que tiene una legislación muy similar a la de algunos países europeos, no sólo porque la homosexualidad es legal en este país sino porque ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la página antes citada se dice a este respecto:"La ley aprobada - Ley de Unión Civil - permite la unión voluntaria dedos personas, solemnizada y registrada a través de un matrimonio ounión civil. Contrariamente a la Ley de Matrimonio, que define el matrimonio comounión entre un hombre y una mujer, la unión civil da a gays y lesbianasel derecho a casarse."


La denuncia de la situación de discriminación de las minorías sexuales en gran parte de África debe ser constante, no sólo por parte de las comunidades GLBT de los países africanos, sino también de sus homólogas en los países donde la homosexualidad es legal. A este respecto, también es necesario que en los medios de comunicación más independientes aparezcan noticias y artículos que hagan referencia a la persecución de las minorías sexuales. Los gobiernos democráticos deben condenar las declaraciones homófobas de dirigentes como Mugabe o Musebeni, aprobar resoluciones en el seno de organizaciones como la U.E. rechazando no sólo estos comentarios sino toda norma que viole los derechos fundamentales de la persona, incluido el derecho a expresar libremtne su orientación sexual. Las políticas de cooperación y desarrollo de los países occidentales deben incluir consideraciones acerca de las violaciones de derechos humanos antes de elegir a los países beneficiarios.


La persecución de los homosexuales y demás minorías sexuales, no sólo niega a las personas afectadas el derecho a vivir su propia vida sino que además les dificulta o impide el acceso a las campañas de prevención antisida. Las minorías sexuales son por ello uno de los grupos en los que más claramene se perfila la exclusión en las sociedades africanas. La ilegalización de la homosexualidad y una sanidad que margina a las minorías sexuales son dos de los pilares básicos para comprender la dificultad de ser homosexual en estos países. Como además se trata de regímenes políticos no democráticos, a la discriminación por la orientación sexual se úne la ausencia de libertades civiles y de derechos políticos, sociales y económicos.

En este tema ocurre lo mismo que cuando hablamos de la situación de la mujer y de la infancia, o cuando nos referimos al hambre y la pobreza, o a la situación de los derechos humanos en general. La política internacional no tiene como prioridad las personas y sus derechos, tampoco la paz aunque lo recalquen muchas veces, sino la seguridad de las relaciones comerciales, monetarias y los flujos de apitales de acuerdo al modelo económico imperante y las relaciones políticas entre los estados en el marco de las normas aprobadas por precarias organizaciones internacionales. Todo lo cual no favorece a los países menos desarrollados, generalmente los mismos que tienen menos influencia en la política internacional, habitualmente regímenes no democráticos. Pero entrar en estas consideraciones excede el propósito de este artículo. Quedémonos con lo inmediato y cotidiano, con la imagen de cualquier homosexual, bisexual, lesbiana o transexual, blanco o negro, del norte o del sur, que en la búsqueda de la intimidad afectiva se convierte en objeto de escarnio público.



Ángel

Anónimo dijo...

Coincido en el primer anónimo en que la ley se queda corta, en que se debería permitir cualquier tipo de unión, desinstitucionalizando la figura de matrimonio y sustituyéndola por algún tipo de contrato que evitase conflictos en caso de ruptura. Pero es lo de siempre, prefieren aprobar una ley para los de aquí que una ley de valores universales que todo el mundo pudiese acatar. Y no hablemos de lo que piensa la derecha.

Anónimo dijo...

PIENSO QUE TODOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS SIN IMPORTAR NINGUNA DE NUESTRAS CONDICIONES COMO PERSONAS, YA SEA RELIGIOSA, SEXUAL,ETC... A TODOS SE NOS DEBEN TRAAR CON IGUALDAD Y RESPETO.
VANESSA